mayo 31, 2026

Presidente Nicolás Maduro solicita al TSJ revocar nacionalidad a Leopoldo López por presunto llamado a invasión militar

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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, introdujo una solicitud formal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revocar la nacionalidad del ciudadano Leopoldo López, a quien acusa de promover abiertamente una intervención militar extranjera en el país, así como de instigar el bloqueo económico y de conspirar contra la paz nacional.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que la acción se fundamenta en la presunta responsabilidad del dirigente opositor en un “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar del país”, así como en reiteradas declaraciones públicas que, según el Gobierno Nacional, vulneran la soberanía e integridad territorial de la nación.

Rodríguez detalló que se ha solicitado aplicar el artículo 130 de la Constitución de la República, el cual establece el deber de los ciudadanos de defender la patria, la soberanía y la autodeterminación. Asimismo, se invoca la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar’, aprobada en 2024, que contempla sanciones penales y administrativas para quienes promuevan sanciones o acciones de intervención extranjera.

Como parte del procedimiento, la Cancillería venezolana y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) han sido instruidos para iniciar el proceso de anulación del pasaporte de López, actualmente residenciado en España.

La medida responde a recientes declaraciones del dirigente opositor, quien manifestó públicamente su apoyo a una acción militar extranjera en territorio venezolano para forzar un cambio de gobierno, declaraciones que han sido rechazadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y diversas instituciones del Estado.

Cabe destacar que la Constitución nacional, en su artículo 35, establece que la nacionalidad por nacimiento no puede ser revocada, mientras que la nacionalidad por naturalización solo puede ser anulada mediante sentencia judicial.

El Ejecutivo nacional ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía, la legalidad y la paz de la República, frente a cualquier intento de agresión externa o desestabilización promovido desde el extranjero.

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